Un grupo de 22 estados, encabezado por Nueva York, acudió a los tribunales para intentar bloquear una nueva medida migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que permitiría a funcionarios federales negar visas, tarjetas de residencia permanente (green cards) e incluso el ingreso a Estados Unidos a personas que consideren susceptibles de depender de determinados beneficios públicos.
La medida, promovida por el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS), modificaría la aplicación de la norma conocida como “carga pública”, lo que podría dificultar que algunos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan, o se considera que podrían llegar a necesitar, programas de asistencia como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
Los estados demandantes advierten también sobre las posibles repercusiones económicas de la medida. Señalan que el temor a que recibir estos beneficios afecte el estatus migratorio de los inmigrantes podría llevar a miles de familias a dejar de utilizar los programas de asistencia, lo que a su vez reduciría los recursos federales destinados a los estados.
Este lunes 14 de septiembre de 2026, durante una conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general del estado, Letitia James, anunciaron la presentación de la demanda conjunta.
La nueva regulación, que está prevista para entrar en vigor este viernes 18 de septiembre de 2026, amplía los beneficios públicos que podrían ser considerados por funcionarios migratorios al evaluar determinadas solicitudes de visa y residencia permanente.
La disputa se centra en el alcance de la llamada regla de “carga pública”, que establece las circunstancias bajo las cuales el gobierno federal puede determinar que una persona podría convertirse en dependiente de beneficios públicos.
Los estados que impugnan la medida sostienen que su aplicación podría generar temor entre las comunidades inmigrantes y provocar que familias elegibles dejen de utilizar programas de salud, alimentación y vivienda por miedo a que hacerlo perjudique sus trámites migratorios.
Durante la conferencia, Mamdani afirmó que la nueva regulación afectaría especialmente a una ciudad como Nueva York, cuya población y economía dependen en buena medida de las comunidades inmigrantes.