Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la crisis política, económica y social que ha vivido Haití desde hace décadas se ha recrudecido. Especialmente en materia de seguridad, ya que los secuestros y homicidios se han vuelto moneda corriente. La población vive aterrorizada y las autoridades no logran frenar la violencia.
La autoridad del gobierno transitorio, liderado por el primer ministro Ariel Henry, se ha visto sobrepasada por el incremento de bandas criminales que han tomado el control de varias zonas de Puerto Príncipe. Las pocas fuerzas policiales que intentan mantener el orden, levantaron su voz de protesta tras la muerte de 14 efectivos a manos de estas pandillas armadas. Los ciudadanos de la capital viven en un continuo sobresalto, con miedo a ser secuestrados o atacados.
Radio Francia Internacional conversó con Oscar, ciudadano colombiano que vive desde hace varios años en Haití – y que prefiere mantener su identidad en reserva – comparte su experiencia:
«Hay zonas específicas donde las bandas armadas controlan prácticamente todo. Si alguien va a pasar por esas zonas en un vehículo, esos grupos tienen puntos de seguridad donde se debe pagar para lo dejen pasar. También se desplazan ocasionalmente a otras zonas de la ciudad para secuestrar gente. Y no necesariamente gente que tenga mucho dinero sino empleados de una empresa. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, en el mes de noviembre secuestraron a dos de nuestros trabajadores. Así que yo, desde hace un año, yo lo que hago es salir para lo estrictamente necesario”.
Para Diego Darín, consultor para América Latina de la organización Crisis Group, la crisis de seguridad también se ve acentuada por la falta de recursos para sostener una fuerza policial. Incluso algunos efectivos renuncian a sus puestos o se ven obligados a integrar estas bandas criminales.
“Las fuerzas de seguridad locales tienen una gran pérdida de efectivos porque muchos terminan saliendo de la policía. Tienen malas condiciones de trabajo o están mal pagados. Muchos de los policías activos viven en las zonas controladas por las pandillas y se ven obligados a colaborar con ellas. Desde hace algunos meses, se han establecido ciertas unidades especiales anti-pandillas pero no son suficientes.”
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al Consejo de Seguridad enviar una fuerza armada internacional para poner fin a esta escalada de violencia. Según un reporte de esta organización, en el 2022 se registraron más de mil secuestros y dos mil asesinatos, un tercio más que en 2021.