Por; José De La Cruz, M.A.
La República Dominicana se encuentra en un momento crucial para su desarrollo, donde la implementación de reformas estructurales es esencial para consolidar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Estas reformas, aunque variadas en su enfoque, comparten un objetivo común: transformar el país en un lugar más próspero, justo y sostenible. Entre ellas, destaca la urgente necesidad de reforzar la transparencia e institucionalidad, elementos fundamentales para combatir la corrupción y garantizar un sistema de justicia imparcial. Es imperativo que el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas operen sin influencias externas, permitiendo que el Estado funcione con integridad. Junto a ello, una modernización integral de la Contraloría General de la República es necesaria para mejorar la supervisión y auditoría de los recursos del Estado, fortaleciendo así la confianza pública en el manejo de los fondos.
Otro de los desafíos más apremiantes es la reforma del sector eléctrico, un área que ha sido objeto de innumerables debates pero que aún requiere soluciones efectivas. La reciente firma del Pacto Eléctrico es un paso adelante. Este pacto se orienta hacia la creación de un sistema eléctrico más eficiente, despolitizado, y capaz de ofrecer un servicio de energía de alta calidad, con costos competitivos y una cobertura adecuada en todo el territorio nacional.
La calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas también depende en gran medida del acceso a servicios básicos como el agua. La reforma del sector agua es, por lo tanto, una prioridad indiscutible. Es necesario un pacto social que garantice el acceso universal al agua potable, acompañado de la creación de sistemas eficientes para el tratamiento de aguas residuales y la tecnificación de los sistemas de riego. Esto permitirá un uso más racional y sostenible de los recursos hídricos, un aspecto crucial en un país donde la escasez de agua empieza a ser una preocupación creciente.
En materia de seguridad, la reforma de la Policía Nacional es vital para garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos. Esta reforma busca transformar profundamente la estructura legal, institucional, operativa y funcional de la Policía, creando un cuerpo más profesional, capacitado y efectivo para enfrentar los desafíos actuales. La seguridad ciudadana es la base sobre la cual se construye una sociedad estable y próspera, y sin una fuerza policial confiable, cualquier otro esfuerzo de desarrollo podría verse comprometido.
La modernización del Estado es otro componente clave para el progreso del país. Iniciativas como el Despacho 24 horas en Aduanas y la Ley de Burocracia Cero y Gobierno Eficiente tienen como objetivo reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos, creando un entorno más favorable para la inversión y la gestión pública. La eficiencia en la administración gubernamental no solo mejora la competitividad del país, sino que también asegura que los ciudadanos reciban servicios públicos de manera más rápida y efectiva.
La educación es el cimiento del desarrollo de cualquier nación, y en la República Dominicana, la inversión del 4% del PIB en educación representa un avance significativo. Sin embargo, esta inversión debe traducirse en una mejora real de la calidad educativa, formando a los futuros líderes que llevarán a cabo las transformaciones necesarias en la sociedad. La reforma en este sector es esencial para asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, capaz de equipar a los jóvenes con las habilidades y conocimientos necesarios para afrontar los desafíos que demanda el nuevo orden mundial en materia educativa .
El acceso a servicios de salud de calidad es otro de los pilares fundamentales para el bienestar de la población. La reforma del sector salud y seguridad social busca garantizar una atención médica universal, solidaria y eficiente, que proteja tanto el bienestar físico como mental de los ciudadanos. Un sistema de salud más equitativo y accesible es esencial para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida en el país.
El sector transporte también requiere una revisión profunda. La creación de un sistema de movilidad urbana e interurbana moderno es crucial para descongestionar el tránsito y ofrecer un transporte público eficiente y accesible. Esto no solo mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también contribuirá a la reducción de la contaminación en las ciudades, un problema cada vez más acuciante.
En un mundo cada vez más digital, la transformación tecnológica es indispensable para la competitividad del país. La integración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en todas las estructuras sociales y productivas es fundamental para modernizar el funcionamiento del gobierno y el sector privado. Esto no solo impulsará la eficiencia en el sector público, sino que también posicionará a la economía dominicana en un lugar privilegiado en el mercado global.
Una reforma fiscal integral es también crucial para mejorar la eficiencia del sistema de ingresos y gastos del gobierno. Simplificar el sistema tributario, ampliar la base imponible y fortalecer la administración tributaria son pasos necesarios para lograr una economía más justa y equitativa. Finalmente, la reforma del mercado laboral y del sector hidrocarburos son igualmente importantes para adaptarse a las nuevas realidades económicas y sociales, garantizando condiciones laborales justas y promoviendo el uso de energías más limpias y sostenibles.
Varios países de América Latina han implementado reformas similares en los últimos años con resultados variados. Chile, por ejemplo, ha logrado reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso gracias a una combinación de reformas estructurales y políticas sociales. Colombia ha avanzado en la reforma del mercado laboral y la mejora de la calidad de la educación. Sin embargo, estos países también han enfrentado desafíos, como la resistencia al cambio y la necesidad de ajustes constantes.
Las reformas propuestas son ambiciosas y requieren de un consenso político amplio y de la participación de todos los actores sociales. Es fundamental contar con un plan de comunicación efectivo para informar a la población sobre los beneficios de las reformas y mitigar las posibles resistencias. Para garantizar el éxito de estas reformas, se recomienda fortalecer las instituciones, creando entidades sólidas y transparentes capaces de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. Invertir en capital humano es igualmente crucial; fomentar la educación y la capacitación mejorará las habilidades de la fuerza laboral, haciéndola más competitiva. Promover la innovación y la creación de empresas diversificará la economía, reduciendo la dependencia de sectores tradicionales y aumentando la resiliencia económica. Además, fortalecer la cooperación internacional permitirá aprovechar la experiencia y los recursos de otros países para acelerar el proceso de reforma. La República Dominicana tiene el potencial de convertirse en un país más próspero y equitativo. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, es necesario implementar un conjunto de reformas estructurales ambiciosas y sostenidas en el tiempo.